Mediapro insiste en pedir el rescate a la SEPI apoyándose en los de Plus Ultra y Duro Felguera

El magnate de la comunicación Jaume Roures no tira la toalla en su intento de que el fondo de rescate de la SEPI salve a su conglomerado Mediapro de la quiebra con 300 millones de dinero público, a pesar de no cumplir los requisitos exigidos para ello. Se basa en que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha auxiliado a empresas que tampoco los cumplen, como Duro Felguera y, sobre todo, Plus Ultra.

Fuentes conocedoras de la situación explican que Roures sigue negociando con la SEPI los términos del rescate, a pesar de que es perfectamente consciente de que no cumple las condiciones y a pesar de que hay bastante resistencia a esta operación dentro del holding empresarial público . Pero al final acatará la decisión que imponga el Consejo de Ministros.

Como es sabido, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas impone dos requisitos principales. El primero es que las compañías sean estratégicas, como su nombre indica, algo que es muy subjetivo pero que se debe interpretar en el sentido de que «un cese forzoso de actividad tendría un elevado impacto negativo sobre la actividad económica o el empleo, a nivel nacional o regional». Algo imposible de justificar en el caso de Mediapro.

La segunda condición es que las empresas sean solventes y que sus problemas sean puntuales derivados de la crisis del covid. Esto implica que no estuvieran en concurso o en crisis (es una definición objetiva de la UE) en 2019, pero también deben «demostrar su viabilidad a medio y largo plazo, presentando a tal efecto en su solicitud un Plan de Viabilidad para superar su situación de crisis».

Y demostrar que la empresa de Roures es viable y que sus problemas solo se derivan de la pandemia también se antoja una tarea titánica. Por un lado, la explotación de sus derechos del fútbol (su principal actividad) no se ha visto afectada por el covid más que en el caso de los bares, y ahí ha conseguido una rebaja del canon de 460 millones que paga a la Liga de Fútbol Profesional. Asimismo, la producción de series y películas también ha podido continuar, como es evidente en todas las plataformas.

Por otro lado, Mediapro ya tenía calificación crediticia de bono basura antes de la pandemia, su deuda alcanza ya 920 millones (incluyendo un crédito de 60 millones avalado por el ICO) y se salvó del concurso en 2018 gracias a una ampliación de capital de 522 millones en la que dio entrada al fondo chino Orient Hontai, que pasó  a controlar el 53% de la empresa. Su viabilidad incluso sin el covid, por tanto, es bastante dudosa.

Duro Felguera y Plus Ultra tampoco cumplen las condiciones

Ahora bien, estas circunstancias también son aplicables a otros rescates que ha acometido o piensa acometer en breve la SEPI. Duro Felguera puede decir que es estratégica a nivel regional -Asturias- aunque sea bastante discutible, pero no que es viable y que sus problemas son puntuales: en 2018 se salvó del concurso en el último minuto con una refinanciación en la que los acreedores tuvieron que asumir fuertes quitas.

Lo de Plus Ultra es todavía más escandaloso: su cuota de mercado es ridícula, por lo que el impacto en la economía y el empleo de su cierre sería inapreciable; ninguna ruta se perdería si no la cubriera ella; y nunca ha tenido beneficios desde su creación.

Pero precisamente, el escándalo generado por estos rescates, en especial el de Plus Ultra, y por su conexión venezolana -que también existe en el caso de Duro Felguera, como desveló OKDIARIO- juegan en contra de Mediapro. La opinión pública está escandalizada con estas operaciones y la oposición ha hecho casus belli de ellas contra el Gobierno, con preguntas parlamentarias, la solicitud de una comisión de investigación por parte del PP o la presentación de una querella en el Supremo por parte de Vox.

El escándalo sería mayúsculo

En esas circunstancias, rescatar a un grupo mediático que actúa como portavoz de Podemos elevaría el escándalo a cotas estratosféricas, con la agravante de que el importe del rescate es mucho mayor. La salida de Pablo Iglesias del Gobierno también juega en contra de Roures, así como el hecho de que haya avalado con 30 millones a su amigo Joan Laporta para que pueda presidir el Fútbol Club Barcelona. Si le sobra ese dinero para ir avalando a terceros, no se entiende que necesite 300 millones de dinero público.

Ahora bien, como también ha informado este medio, el Gobierno está presionando a la plantilla de la SEPI para que haga informes positivos que avalen estos rescates que incumplen los requisitos del fondo. En consecuencia, si el Ejecutivo decide el rescate político de Mediapro, la SEPI dará su visto bueno. Algo a lo que ayudará el nombramiento como presidenta de otra persona de la guardia de corps de María Jesús Montero en sustitución del presidente que dimitió en 2019 pero seguía dirigiendo la sociedad en la sombra.

El empresario conocido también por su apoyo al independentismo catalán ha pedido el rescate al Estado español tras la negativa de sus accionistas a poner más dinero en la compañía que dirige junto a Tatxo Benet ty tras la búsqueda infructuosa de un fondo de los popularmente llamados «buitre» para entrar en el capital. Para tratar de salvarse del concurso de acreedores con el dinero público, Roures ha contratado a Rothschild y KPMG.